Esta práctica se especializa en proteger a las personas frente a actos de autoridad que violen sus derechos humanos, permitiendo impugnar leyes, reglamentos y resoluciones administrativas inconstitucionales, así como sentencias definitivas de tribunales administrativos.

En el ámbito penal, se cuenta con un mecanismo fundamental para proteger los derechos humanos frente a abusos de autoridad, órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada en procesos penales federales y locales.

Nuestros abogados especializados en este medio de impugnación protegen los derechos individuales ante actos de autoridades judiciales en procesos civiles y sentencias definitivas. Permite revisar la constitucionalidad de leyes que afecten estos derechos, asegurando su legalidad y defensa efectiva.

​La Firma entabla evaluaciones jurídico ambientales a nivel corporativo para presentar soluciones a los retos que surgen del marco regulatorio nacional, así como de los lineamientos adherentes a certificaciones internacionales y el cumplimiento con los estándares y alcances que los inversionistas están exigiendo en materia ASG/ESG reflejados en sus estados financieros.